Ciudad de México. La violencia sexual sigue siendo una constante entre los riesgos que enfrentan sobre todo las mujeres migrantes, tanto en México como en su cruce por Centroamérica y los países del sur. Entre enero y agosto del 2024, en territorio mexicano los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) realizaron 744 consultas de detección y tratamiento en casos de este tipo, el 93 por ciento fueron féminas.

En la presentación del corto animado Una y miles, sobre la violencia extrema contra mujeres migrantes en México, María Laura Chacón, coordinadora médica adjunta de MSF en el país y Centroamérica, expuso que estos casos principalmente se atendieron en Tamaulipas, en los estados de la frontera del sur y en la Ciudad de México.

Advirtió que si bien anteriormente la violencia sexual se acotaba a circunstancias relacionadas con la inseguridad en las rutas migratorias, “ahora hay agresiones que se dan en los mismos campamentos urbanos, por la misma población que está dentro o cerca de éstos. Es una degradación de la situación social del contexto migratorio”, lamentó.

Explicó que en los últimos meses en Tamaulipas ha habido una reducción de hechos de este tipo, pero entre septiembre del año pasado y marzo del 2024 los equipos de MSF atendieron hasta 40 casos en un mes, cuando previamente registraban entre cuatro o cinco.

Estos delitos, dijo, “son mecanismos que llegaron a intimidar a las personas para arribar a estos puntos migratorios”.

Chacón indicó que esta violencia no es particularidad de un grupo de edad. “Las niñas y los niños también son parte de esta situación. Dependiendo del mes y del momento, pero pueden representar hasta 10 por ciento de los casos que atendemos”, alertó.

MSF destacó que los retos para brindar servicios para atender estos casos se agudizan por factores como que las personas no quieren acercarse a autoridades de seguridad o médicas para no poner en riesgo su continuación en la ruta, “o los reportes cada vez más frecuentes y alarmantes de ser sobrevivientes de una agresión sexual en puntos de control, alcabalas, durante el recorrido por el país”.

Chacón enfatizó que la violencia sexual es un delito que “tiene un impacto que puede ser de por vida… violenta el cuerpo de la mujer, la integridad de la persona, y más en esta circunstancias, de formar parte de una población que ya de por sí es vulnerable”.

Ramón Márquez, coordinador del proyecto del Centro de Atención Integral de MSF, aseveró que “muchos sobrevivientes no pueden recibir atención médica o sicológica dentro de las 72 horas posteriores a la violencia sexual”.

Asimismo, la organización internación advirtió que “los cateos dactilares por parte de autoridades de seguridad o grupos del crimen organizado se han vuelto una herramienta de extorsión para mujeres y sus familiares”.

Refirió que las personas migrantes “han informado que a menudo se les desnuda para ser registradas, con una inspección exhaustiva de su cuerpo (especialmente de sus genitales) sin consentimiento. Incluso si alguien no experimenta personalmente violencia sexual en la ruta, están constantemente expuestas a la violencia contra quienes les rodean”.

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