Amenazas de muerte contra funcionarios electorales, jueces y fiscales junto con complots para tomar por asalto capitolios y otros edificios gubernamentales además de actos de intimidación como marchas neonazis y de otros ultraderechistas se han vuelto parte del proceso político estadunidense después de que en la última elección se violó, por primera vez el hasta entonces, el sagrado principio del traslado pacífico del poder.
En las últimas semanas, se han registrado amenazas de bomba contra dos jueces -uno en Nueva York y otra en Washington- encargados de casos contra el precandidato presidencial Donald Trump, como contra legislaturas- hubo evacuaciones de más de una docena de capitolios estatales. La semana pasada, el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó esa serie de amenazas a funcionarios públicos como “una alza profundamente preocupante”.
Estos incidentes, entre otros, son parte de una tendencia creciente que ha incluido, según Garland, “amenazas de violencia contra aquellos que administran elecciones, aseguran viajes seguros, educan a nuestros hijos, reportan las noticias, representan a sus bases y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estas amenazas son inaceptables. Amenazan el tejido de nuestra democracia”.
El deterioro del debate y proceso político cuya legitimidad se ha cuestionado, se ha acelerado desde la primera campaña y presidencia de Trump, lo cual culminó con el asalto violento del Capitolio federal en enero de 2021 en un intento de golpe de Estado para anular la elección que perdió Trump.
La violencia ya forma parte de la percepción popular de la disputa por este país, incluso si gana Trump quien ha dejado claro que usará el poder presidencial para perseguir y vengarse contra sus enemigos.
Una vez más, Trump y sus aliados están sembrando dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, sobre todo argumentando que los casos judiciales en su contra sólo son parte de un complot del gobierno en manos de “la izquierda radical” para interferir y hasta descarrilar la elección y evitar su eventual triunfo.
En reuniones, foros, y en encuestas, una buena parte de los votantes estadunidenses con diversas simpatías políticas expresan preocupación por la posibilidad de violencia. Más aún, como fue el caso de un grupo de votantes convocados en Pennsylvania en un condado que será clave en la elección, expresaron dudas sobre si sus votos serán contados, la forma de reportar resultados y si esos resultados serán aceptados por los perdedores.
De hecho, la encuesta más reciente de Gallup a principios de enero registró que sólo un 28 por ciento de los adultos estadunidenses están satisfechos con la manera en que funciona la democracia en su país -el nivel más bajo registrado desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1984.
“El terrorismo doméstico golpea la fundación misma de la democracia y es una amenaza directa a los derechos civiles y libertades garantizados a todo estadunidense”, declaró la Casa Blanca hace unos meses al actualizar la estrategia contra el terrorismo doméstico que se presentó hace dos años y medio.
“En los próximos meses, factores que podrían movilizar a individuos a cometer violencia incluyen sus percepciones del ciclo de la elección general de 2024 y decisiones legislativas y judiciales que tienen que ver con actos sociopolíticos”, alerta el Sistema Nacional de Aviso sobre Terrorismo del Departamento de Seguridad Interna. Agrega que entre posibles blancos de esta violencia se incluyen a instituciones religiosas, aquellos ligados con el movimiento LGBTQ, escuelas, minorías raciales y étnicas e instalaciones y ofíciales del gobierno. En sus evaluaciones de esta amenaza de “extremistas domésticos violentos”, el gobierno federal ha identificado a los supremacistas blancos como la amenaza principal.
