Ciudad de México., Los hallazgos del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) que investigó las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 fue ignorado por el gobierno federal, pues presentó un resumen ejecutivo del que excluyó a cientos de víctimas que ofrecieron sus testimonios y confiaron en que serían reivindicadas como tales, así como en que se construiría una ruta de no repetición. Así lo denunciaron los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart.
En una carta dirigida a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a las víctimas de la violencia de Estado y a la sociedad en general, señalaron que se enteraron de que el pasado 25 de septiembre, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación llevó a cabo una reunión privada a través de Zoom, a la cual convocó a algunas víctimas y colectivos. Ahí presentó un “Informe final. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión”.
El documento únicamente retomó la información de dos conjuntos de víctimas y dejó fuera a otros nueve, a los que de esa manera se invisibiliza y con ellos “a amplios sectores de la sociedad mexicana que también padecieron de manera cruenta la violencia política del Estado de forma sistemática y generalizada durante el periodo”.
Y es que además de organizaciones político militares, movimientos estudiantiles, sindicales comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, disidencias político partidistas y periodistas, el Estado “también arrasó comunidades enteras de poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; ejecutó a habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico”.
También hubo tortura contra personas marginalizadas y criminalizadas, así como contra disidencias sexo genéricas; grandes poblaciones del movimiento urbano popular y disidencias religiosas fueron desplazadas. Además, esa violencia de Estado desapareció a personas refugiadas en la frontera sur de México e incluso integrantes de las fuerzas armadas y policiales fueron torturadas a manos de sus propios mandos.
Los comisionados afirman: “todas estas violaciones graves constituyeron parte de un mismo fenómeno sistemático y generalizado de contrainsurgencia” y subrayan que su exclusión del informe oficial no es un asunto menor porque son 4 mil 300 víctimas de violaciones graves a derechos humanos que fueron identificadas en la investigación de la comisión de la verdad.
“Implica también el desconocimiento de seis mil 97 violaciones graves contra estas víctimas dentro de las que se encuentran 23 masacres”.
De igual forma se desconoce a 116 mil 756 víctimas estimados de desplazamiento forzado en 63 eventos. De todo ello se dio cuenta en el informe Fue el Estado (1965-1990), retomado de manera parcial en el reporte oficial.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos (COVEH) señalaron que no fueron convocados a la reunión privada y la Subsecretaría de Derechos Humanos dejó fuera de su presentación y de su página oficial el informe Fue el Estado (1965-1990).
Tampoco retomó las recomendaciones, los factores de persistencia, el análisis de las causas y todos los hallazgos sobre perpetradores e instituciones implicadas.
Sobre los perpetradores de la violencia, advierten que muchas veces eran los mismos que actuaban en contra de los diferentes grupos sociales. Así, el informe Fue el Estado contribuye al reclamo de justicia histórico de las víctimas”.
Más adelante, los comisionados recordaron que la presentación de los resultados del trabajo realizado durante tres años se dio luego de que a la salida de Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación, los nuevos funcionarios intentaron “tomar el control del equipo de investigación” y de la elaboración del informe. Como no pudieron, descalificaron los avances de la investigación.
En otro momento, el pasado 15 de agosto, cuando se presentaron los informes de los distintos mecanismos de la Comisión de la Verdad a la asamblea de víctimas, el subsecretario Arturo Medina dijo que “había cosas de nuestro informe con las que la Secretaría de Gobernación no estaba de acuerdo”, en particular sobre los factores de persistencia, las recomendaciones y el abordaje de un amplio abanico de víctimas. Eso se concretó en el reporte oficial que omite la mayor parte del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, señalaron los investigadores.
Con base en lo anterior, hicieron un llamado a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para que retome los trabajos de la COVEH del que forman parte, que reconozca de manera plena los resultados de su trabajo y con ello se reconozca a todas las víctimas de la violencia que el Estado ejerció contra ellas.
