Ciudad de México. Al cumplirse hoy 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada”.
Señaló que subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe; y persiste el llamado “pacto de silencio”, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.
En un comunicado, si bien reconoció el que la próxima administración -que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum- anunciara su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso, la CIDH enfatizó que para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo “auténtico y transparente” entre todos los actores involucrados, incluyendo a las familias y sus representantes legales, así como fortalecer la confianza entre los familiares y las autoridades colocando a las víctimas como el enfoque central.
Recordó que el 3 de octubre del 2014 emitió la medida cautelar 409/14 -actualmente vigente-, por medio de la que solicitó al Estado mexicano esclarecer la situación o paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y prestar asistencia a los estudiantes sobrevivientes.
En virtud de acuerdos con el gobierno federal y las familias, expuso, la CIDH instaló el GIEI; y luego el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA), para dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar y a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos y la Comisión.
Indicó que el trabajo del GIEI, en coadyuvancia con las autoridades mexicanas, contribuyó a reorientar las investigaciones, identificar las falencias y desvirtuar la hipótesis oficial de la desaparición.
“En efecto, se reveló a las familias de los estudiantes y al mundo entero la falsedad de la denominada ‘verdad histórica’ y que agentes estatales sí tuvieron conocimiento de los ataques y desaparición de los estudiantes desde el momento en que ocurrieron. Las últimas investigaciones del GIEI dieron cuenta además de la posible participación de agentes estatales en los hechos”, apuntó.
Reconoció que el Estado impulsó la búsqueda de los estudiantes, el acceso a la verdad y a la justicia, así como la sanción a los responsables, a partir de la administración actual -del presidente Andrés Manuel López Obrador-, mediante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República.
Lo anterior, dijo, permitió el hallazgo de nueva evidencia forense que resultó en la identificación de fragmentos óseos de dos estudiantes. Además, implicó la apertura de nuevas carpetas de investigación sobre la dinámica de la desaparición y los actos de investigación fraguados para ocultar la verdad.
Ante todo ello, refrendó su compromiso con las familias en su lucha por verdad y justicia; e hizo un llamado a las autoridades competentes, y a la sociedad en su conjunto para seguir colaborando en el esclarecimiento de la suerte o paradero de los jóvenes y la determinación de las responsabilidades.
Agregó que la CIDH seguirá monitoreando el cumplimiento integral de la medida cautelar, reiteró su predisposición a brindar asistencia técnica a las autoridades mexicanas.
