Ciudad de México. Con una manifestación y por escrito, trabajadores del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron este miércoles al embajador canadiense, Graeme C. Clark, que “levante la voz” ante la reforma judicial de México, a fin de defender los acuerdos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Sabedores de la importancia que guarda para nuestros países el referido acuerdo comercial, lejos de querer la cancelación del mismo (T-MEC), lo que aspiramos es a que, encarecidamente Su Excelencia, levante la voz dentro de los marcos protocolarios establecidos en la diplomacia, para defender los acuerdos del tratado celebrado con esta Nación, que hacen que la región norte de nuestro continente se consolide en las operaciones comerciales como una fortaleza, en el entendido que lo que ocurra al vecino necesariamente va afectar a toda la región”, pidieron a través de un escrito.
En el oficio fue entregado en la Embajada de Canadá en México, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país, los trabajadores afirman que con la reforman el PJF “quedará cooptado por los otros dos poderes de la Unión -Poder Ejecutivo federal y Legislativo- lo que genera perder el Estado de derecho y da inicio a la actuación de un autoritarismo que vulnera flagrantemente la independencia e imparcialidad de la justicia en México”.
Argumentan que entre los cambios legislativos se suprime la carrera judicial como medio para ser juez y magistrado y en su lugar establece un sistema de votación popular, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “lo que acaba con la independencia judicial y la imparcialidad de los juzgadores, pues atenderán a los intereses de los grupos que los hayan impulsado en el proceso de elección”.
“Lo anterior va en contra de los acuerdos del T-MEC celebrado entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país”, agregaron.
Además, advirtieron que si los jueces de elección popular no respetan la ley, eso se traduce en que nadie podrá vivir en un Estado de derecho ni nacionales ni extranjeros.
“Y pese a que éstos últimos (extranjeros), litigaran las acciones legales derivadas del incumplimiento de los acuerdos comerciales en un arbitraje internacional, aun ganando el mismo, no podrán ejecutar la sentencia ante jueces cooptados por el autoritarismo, que no permite un pensamiento distinto al suyo, no importaran las sanciones, ya que son irracionales. Es la aplicación del poder absoluto”, señalan.
Con ello justificaron su manifestación en la embajada canadiense para mostrar a la comunidad internacional “el riesgo que trae aparejada la reforma constitucional, a fin de que se exijan el respeto y cumplimiento de los acuerdos, entre ellos el de implementar un sistema de justicia eficaz, no sólo en materia laboral, sino en todas y cada una de la áreas que afectan las operaciones de los inversionistas, en sí todo el sistema judicial mexicano”.
