Ha faltado “voluntad política”, en este gobierno, para que se cumpla la Ley General de Educación Superior y se tenga el acceso universal y gratuito a las universidades públicas del país como se establece en ese ordenamiento jurídico, destacó el académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana (UIA), de la Ciudad de México, Luis Mata.
El también investigador de la UIA, recalcó que se requieren alrededor de 12 mil millones de pesos, anuales, para tener la gratuidad en la educación superior en el país, a decir de estimaciones realizadas por la ANUIES y por la Subsecretaría de Educación Superior, porque ello implica que las casas de estudio “no cobren inscripción, reinscripción, ni mensualidades”, como se estableció en dicha ley.
El Investigador de la UIA, destacó en entrevista, cuando el gobierno decida que la educación superior “es prioritaria, se podrá avanzar en el tema de los excluidos, que hoy son miles que no tienen acceso a la educación superior ni en la UNAM, ni en las UAM, IPN, así como en otras instituciones públicas de gran demanda y prestigio. Se necesita un incremento presupuestal decidido que vea tanto por la infraestructura, procesos de admisión y que mejore las condiciones laborales de los trabajadores en las IES”.
Mata, especialista en temas educativos, refirió que se aprobó la Ley General de Educación Superior en 2020, en el Congreso de la Unión, y fue publicada hasta marzo de 2021. Esta ley, dijo, tiene como antecedentes, que desde 2015, y 2016 la ANUIES la impulsó. “Esta Ley fue aprobada por unanimidad en el Senado, y por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y da un marco robusto para el desarrollo de la educación superior. Pero ha tenido problemas fundamentalmente en la implementación. Su principal problema ha sido el financiero, dado que los recursos económicos para su correcto cumplimiento siempre han estado sujetos a disponibilidad presupuestal”.
Otro problema asociado a esta ley, precisó el investigador, es lo que tiene que ver directamente con la multiplicación de los sistemas educativos que existen en educación superior. “Tenemos un archipiélago de instituciones, están aquellas de carácter federal, están, por ejemplo, las normales, las pedagógicas, los tecnológicos de educación superior. Las instituciones autónomas y las que son dependientes también de los estados. Todo esto implica un problema de coordinación que no ha podido ser llevado a efecto más allá de comisiones, para eso se creó el Consejo Nacional para la coordinación de la Educación Superior (Conafe)”.
Insistió el investigador, el principal reto para la aplicación de la Ley tiene que ver con asignación de presupuesto y de coordinación para efectos de su implementación.
¿Cuándo se aprobó la Ley se dijo que estaría sujeta a la disponibilidad de recursos gubernamentales?
– No es que no haya recursos, lo que hace falta es voluntad política y destacar cuáles son las prioridades del gobierno en turno.
Es perfectamente viable el cambio constitucional y cumplir con el artículo tercero que mandata la gratuidad. El problema es de dónde se obtendrán los recursos. En términos presupuestales se podría llevar a efecto la gratuidad de la educación superior siempre y cuando haya una decisión por parte de la federación para destinar presupuesto que aligere la carga económica de las universidades y de las Instituciones de Educación Superior. Si se reduce el presupuesto a las universidades será imposible cumplir con el principio de gratuidad consagrado en el tercero constitucional.
Recordó el especialista que, en ese sentido, se tendría que generar un presupuesto adicional, que en el marco de la Ley General de Educación Superior se consideró que se debería generar, de forma gradual, la Secretaría de Hacienda . El problema es que está sujeto a la disponibilidad presupuestal, “lo que quiere decir, estamos en la mejor disposición de hacerlo, pero si no hay dinero, no hay cómo llevarlo a cabo. A esto me refiero con que debe existir voluntad política para incentivar este fondo y, con ello, cumplir con el mandato constitucional”.
Otro tema, subrayó, son las becas que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), si se le aligerará la carga presupuesta de las becas de carácter universal, y fuera otra secretaría, por ejemplo, Hacienda o la del Bienestar, contribuiría enormemente a mejorar la asignación presupuestal y orientar así el cumpliendo con la gratuidad de la educación superior, aseveró Mata.
