Ciudad de México. Integrantes del consejo directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) destacaron que en 2023 aunque hubo algunos avances, también hubo diversos retrocesos en materia de garantía de sus derechos humanos, principalmente en materia de violencia.
En la presentación del Balance Anual sobre la situación de los derechos de infancias y adolescencia, Tania Ramirez, directora de la Redim expresó que la “militarización de la seguridad pública” ha impactado, sobre todo en la niñez migrante, indígena y víctima de desplazamiento forzado” y añadió que “la violencia armada, la violencia delincuencial y las detenciones arbitrarias están siendo parte del cotidiano”.
Subrayó que mientras el presupuesto para las fuerza armadas crece, los recursos destinados a la atención de la niñez prácticamente se mantienen.
Para 2024, “la defensa nacional tuvo un incremento de 131 por ciento en su presupuesto. Esto tiene que ver en cómo se está robusteciendo la capacidad militar como una estrategia de atención a las problemáticas de seguridad.
“En comparación los recursos asignados para atención de niñez y adolescencia tuvieron un incremento porcentual 15 veces inferior al registrado a la defensa nacional. El presupuesto para la atención de niñez y adolescencia para este año es de 979 mil millones de pesos y pasó de representar el 10.84 por ciento al 10.80, entonces hubo un decremento en términos porcentuales, aunque en las cifra total de pesos se pueda ver más, en la rebanada del pastel es más corta para el sector”.
En conferencia de prensa destacaron que los datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común registrados hasta noviembre de 2023 revelan que 2 mil 95 personas titulares de derechos en edades entre cero y 17 años fueron asesinadas de enero a noviembre de 2023.
La cifra de homicidios evidencia la violencia que sufrieron 490 mujeres y mil 605 hombres, y los tres estados con mayor cantidad de homicidios de niñez y adolescencia durante 2023 fueron Michoacán, Guanajuato y Jalisco; mientras que en Campeche, Nayarit y Tabasco se observaron los mayores aumentos en este rubro entre 2022 y 2023, durante los meses de enero a noviembre.
Asimismo, las cinco entidades donde se concentran las más graves violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia fueron el estado de México (que cuenta con la mayor población infantil y adolescente del país en 2020 para todos los rangos etarios), que fue la entidad con la mayor cantidad de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes durante 2023. Le siguen Guanajuato, la séptima entidad con mayor población infantil y adolescente del país.
En tercer lugar, destaca Michoacán, la novena entidad con mayor población infantil y adolescente del país, en cuarto lugar se encuentra Jalisco (segunda entidad con mayor población infantil y adolescente) y en quinto lugar, está Chihuahua, la 12va entidad con mayor población infantil y adolescente del país.
Ramírez añadió que el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras del país y en el territorio nacional “como una medida de contención, en lugar de una estrategia de seguridad humana frente a la migración, ha implicado riesgos afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes como la constante exposición a la presencia militar a la niñez”.
El reporte sostiene que el año pasado, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos humanos.
Las casi 80 organizaciones de la sociedad civil que conforman la red, en su trabajo para promover y defender sus derechos, documentaron que 2023 fue un año en el que se observaron “pocos avances, como la reducción del embarazo adolescente; pobreza y algunos delitos; pero también retrocesos en materia de la garantía a sus derechos”.
La Redim sostiene en el informe que “las múltiples vulneraciones en contra de niñez y adolescencia, cometidas de manera recurrente y casi normalizada; derivada de la violencia armada, la expansión de actividades delictivas y las disputas entre grupos delincuenciales, en el contexto de una crisis de derechos humanos de la que seguimos advirtiendo, se agrava para un país que parece naturalizar las noticias sobre masacres y balaceras; aún cuando esto socava, sin lugar a dudas, las garantías a los derechos humanos y a una vida libre de violencias que niñas, niños y adolescentes deben tener”.
En materia de desapariciones, “2023 cerró con las preocupantes controversias sobre el registro y análisis de los datos de este Registro Nacional, tras la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda, seguida de los esfuerzos por actualizar, reorganizar y reducir los datos de este registro a través de más cambios metodológicos que de investigaciones y localizaciones de personas, lo que deja un preocupante escenario para 2024 en materia de derecho a la verdad, acceso a la justicia, cese de impunidad, así como de una absoluta indefensión, con la criminalización y revictimización, sin considerar la lucha de las familias,
entre quienes se incluye a las infancias buscadoras”.
Plantearon que desde que se tiene registro, 99 mil 327 personas de cero a 17 años de edad han sido reportadas como desaparecidas hasta el 4 de enero de 2024.
De éstas niñas, niños y adolescentes, 17 mil 233 (17.4 por ciento) continuaban desaparecidas a la misma fecha Las restantes 82 mil 94 personas de cero a 17 años fueron localizadas, aunque el 1.1 por ciento de estas desapariciones (895 casos) corresponden a niñas, niños y adolescentes halladas sin vida.
