Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme esta semana una “ominosa sentencia” mediante la cual la dio la razón a una empresa que pretende cobrar una indemnización muy cuantiosa al gobierno del estado de Puebla por una obra vial contratada en 2009 que “nunca concluyó”, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
En su cuenta de la red social X, la togada publicó una nota informativa en la cual explicó que en su sesión de esta semana, la segunda sala de la SCJN revocó la sentencia de un tribunal colegiado y ordenó dar trámite a un juicio de amparo promovido por una empresa constructora que reclama una indemnización “millonaria” al gobierno de Puebla.
Lo anterior, por haber modificado el título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del libramiento poniente de la capital de ese estado.
Batres detalló que la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones SA de CV obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009 y los términos del contrato incluían una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 años.
No obstante, en junio de 2012 el gobierno de Puebla anunció que retiraría esta concesión debido a la falta de avance en las obras.
“La empresa solicitó al gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción, por lo que promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local.
Dicha instancia declaró la negativa ficta, Es decir, entre la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante.
En este momento, el gobierno de Puebla promovió amparo directo, el cual fue sobreseído en un colegiado, Y el recurso de revisión llegó hasta la SCJN, cuyos ministros de la segunda sala desecharon por mayoría revisar este caso, lo cual dejó firme la sentencia en contra el gobierno estatal.
En su mensaje, la ministra Batres advirtió que este tipo de interpretaciones de la ley “favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario, pues condenan al gobierno estatal que deberá cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó”.
Además de lo anterior, “deberá pagar el monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento poniente de la ciudad de Puebla, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían”.
