Ciudad de México. Al acreditar el “ocultamiento y sustracción” de información en la investigación del caso de una persona desaparecida desde 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobierno de Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la entonces Procuraduría General de la República (FGR), para que en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, establezcan acciones para dar con el paradero de la víctima de desaparición forzada o, de ser el caso, la localización y entrega de los restos a sus familiares.
El organismo nacional determinó que “la conjunción de acciones y omisiones” por parte del personal de la oficina del C4 del estado, la Sedena y la entonces PGR, “afectaron de manera irreversible el derecho a la verdad de los familiares de la víctima”.
Indicó que, de acuerdo con la queja presentada en noviembre del 2020, la víctima desapareció el 24 de febrero de 2015, luego de acudir a su trabajo, por lo que sus familiares intentaron localizarla con el uso de una aplicación que contaba con GPS, el cual compartía uno de ellos.
“Según la información arrojada por el registro de GPS, la víctima se encontraba en el domicilio correspondiente al 15° Batallón de la Sedena”, por lo que sus familiares se presentaron en dicho lugar, donde se les dijo que no tenían ningún detenido, se les permitió revisar las instalaciones y les sugirieron que presentaran su denuncia ante el Agente del Ministerio Público, indicó la CNDH en la recomendación 28/2024.
En la búsqueda de información, agregó, los familiares de la víctima detectaron que había elementos de la Sedena vestidos de civil indagando sobre su desaparición.
Posteriormente, los familiares solicitaron acceso a los videos del trayecto que realizó la víctima al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (C4), así como los videos de cámaras de seguridad de una gasolinería. Sin embargo, les informaron que elementos del ejército ya habían revisado dicho material, por lo que ya no contaban con ellos.
Ante estos hechos, la CNDH solicitó información a las autoridades y después de examinar las evidencias acreditó que “elementos de la Sedena participaron en la manipulación y alteración” de los lugares donde se encontraron pertenencias de la víctima, “eliminaron indicios de vital importancia” para determinar su último paradero y para nuevas líneas de investigación.
En el documento, el organismo nacional también acreditó que una persona servidora pública adscrita a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obstaculizó la investigación del caso, “conduciéndose con falta de diligencia”, puesto que, a pesar de contar con indicios referentes a la participación, sin atribuciones legales, de elementos de la Sedena en la investigación de la desaparición de la víctima, no consideró el peligro en el que se encontraba el círculo familiar de la víctima, ni realizó acciones para tomar todas las medidas posibles y disponibles para asegurar su protección y participación en la investigación.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó al Gobierno de Tamaulipas, a la SEDENA y a la FGR que colaboren en el trámite para la inscripción de la víctima y cinco de sus familiares en el Registro Nacional correspondiente, con el fin de que procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, así como brindar atención psicológica a los familiares de la víctima, de forma continua, de acuerdo a sus edades y necesidades y con previo consentimiento.
