Santiago. A mediados de noviembre de 2023, buena parte de la sociedad chilena quedó atónita al conocerse un audio en el cual uno de los abogados penalistas más prestigiosos del país, Luis Hermosilla Osorio, le decía sin ambages a uno de sus clientes en problemas tributarios, que había que disponer de fondos para sobornar a funcionarios públicos, que es así como se solucionan los líos administrativos y judiciales.
“Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta huevá (cosa) se arregla con plata que se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada (desastre), porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones (tontos) que están en el Servicio (de Impuestos Internos). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón (persona) al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos (US$11.000) ”, decía el jurista en un lenguaje cargado de “chilenismos”, cuya publicación fue hecha por el medio www.ciperchile.cl.
Luego, rotundamente, agrega: “Aquí estamos haciendo una huevá (cosa) que es delito. Esta huevá es delito. Y es la única manera de hacerlo”.
Hermosilla, cuyo padre Nurieldín y su hermano Juan Pablo son también abogados (este último asumió su defensa), es transversal a la clase política, también al empresariado, ha defendido “a moros y cristianos” y en el ambiente judicial se le conoce como “el señor de los pasillos”, por su deambular por los tribunales visitando a jueces.
Durante la segunda presidencia (2018/22) del fallecido Sebastián Piñera, además de representar al gobierno en causas varias, defendió al ministro del Interior, Andrés Chadwick, de una acusación constitucional, de quien además fue socio. Y hasta que el reciente “caso audios”, como se le conoce, estalló, era el defensor del jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, mencionado en un caso de financiamiento proselitista con platas estatales.
La magnitud de la corrupción y tráfico de influencias del cual Hermosilla se jacta, hizo que el Ministerio Público creara un equipo de fiscales especialistas en delitos de alta complejidad para investigarlo. Hasta ahora no ha sido detenido, si bien su despacho fue allanado y se decomisaron computadores y su teléfono celular donde se dice, hay más de mil contactos, y unos ¡770 mil! registros de conversaciones y documentos.
Tanta información y evidencia hay, que la siguiente sacudida que el “caso audios” causó, a inicios de marzo, fue la caída, arresto y prisión preventiva del en ese momento jefe nacional de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez, un detective con 38 años de carrera, quien ascendió a la dirección de aquella en 2020, designado por Piñera.
Resulta que apenas 13 días después de asumir el cargo, Muñoz comenzó a entregar a Hermosilla información ultra confidencial acerca de investigaciones que afectaban a personeros del “piñerismo”, incluida la familia del entonces gobernante en relación a la venta de su participación en Minera Dominga, un yacimiento de hierro, a unos amigos directos de los cuales eran socios. La operación se concretó en un paraíso tributario y el tercer pago a favor de los Piñera Morel dependía de que el gobierno encabezado por su padre no adoptara medidas de protección ambiental en la zona del yacimiento.
Según relata Ciper, Muñoz “le enviaba requerimientos de la fiscalía, le contaba cuando alguien era citado a declarar y le adelantaba la información que sus funcionarios debían pesquisar en casos delicados. La filtración era eficiente: el abogado recibía en su celular los antecedentes antes de que la policía ejecutara los requerimientos del Ministerio Público. Los fiscales afectados por las filtraciones declararon que no saben cuán dañadas se vieron las indagatorias”.
De la enorme cantidad de información acumulada en el teléfono de Hermosilla, apenas 510 fueron mensajes con Muñoz, de modo que la pregunta que flota es “qué sigue, cuántos más caerán”.
Están comenzando a conocerse registros de conversaciones con parlamentarios, jueces y funcionarios gubernamentales, para lograr nombramientos en las cortes de Apelaciones y la Suprema en 2021.
Como suele decirse, es una noticia en desarrollo.
