La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su “preocupación que a un año de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que 40 migrantes murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad, el Estado mexicano continúa con una política migratoria basada en la contención, detención, deportación y militarización”.
Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez y titular de la DEPMH, lamentó que “no hay cambios significativos en la gestión migratoria de parte de las autoridades correspondientes, y las personas migrantes y refugiadas continúan resintiendo las consecuencias de una estrategia deficiente en donde se criminaliza la migración irregular”.
Recordó que hace un año “el mundo veía con sorpresa, tristeza, dolor e indignación la masacre de 40 migrantes calcinados” en un centro de detención del INM.
Añadió que “los varios heridos en dicha tragedia, representan a tantos otros que siguen siendo víctimas de las políticas migratorias injustas, de tantos migrantes desaparecidos, asesinados, encarcelados, condenados a la discriminación, al racismo y a la xenofobia por el único hecho de ser indocumentados”.
Aparte el Programa Universitario de Migraciones, con el respaldo de la Red Jesuita con Migrantes México y la Red de Atención a Migrantes, entre otras agrupaciones llamaron al Estado mexicano a “revisar y evaluar integralmente la actual política migratoria” y que se garantice que los espacios de detención migratoria en México operen de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, poniendo en el centro la dignidad de las personas en movilidad”.
Exigieron generar condiciones “verdaderamente dignas, adecuadas y conforme a derecho en los centros de detención migratoria, para asegurar la no repetición de hechos como el incendio del 27 de marzo de 2023”.
La DEPMH preciso que durante un año diversas organizaciones de la sociedad civil, casas del migrante, academia, organismos internacionales, “han propuesto alternativas para cambiar las dinámicas de la atención a las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en México y así evitar tragedias como la que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, vemos con dolor, que no existe voluntad política para llevar a cabo estas propuestas”.
Subrayó que es “urgente replantear las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, ya que son estas las que han creado las condiciones para que se criminalice la migración irregular. No podemos permitir que México se vuelva cementerio de personas migrantes y refugiadas.
“No queremos más masacres, accidentes o tragedias para las personas migrantes o refugiadas. No olvidemos el mandato de Dios que nos dice “no maltraten al forastero ni al huérfano ni a la viuda; no les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar”.
La Pastoral de Movilidad Humana, como la iniciativa de los obispos de México al servicio de las personas migrantes y refugiadas, “continúa solidarizándose con las familias y las víctimas de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras esperamos que haya justicia, una verdadera reparación a las víctimas y la no repetición de estos hechos que enlutan a tantas familias que lo único que buscan es el bienestar para ellos y sus familias”.
