Santiago. El gobierno chileno de Gabriel Boric asumirá por primera vez como rol del Estado ayudar a la búsqueda y reunificación de las familias en casos de sustracciones de menores o adopciones ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Es tiempo de que el Estado se haga cargo” y que la sociedad asuma “su responsabilidad colectiva”, indicó el viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el cuarto Congreso internacional de adopciones ilegales y tráfico de niños y niñas en Chile, organizado por la asociación especializada en la reunificación de estas familias Hijos y Madres del Silencio.
“El Estado de Chile va a emprender acciones de carácter multisectorial y de coordinación con la sociedad civil en pro del derecho de cada una de sus personas a conocer su origen y de la imprescindible reunificación familiar”, señaló Cordero. El gobierno, ofreció el funcionario, dará más detalles de las medidas concretas que supone este anuncio en las próximas semanas.
El poder judicial chileno cifra en más de 20 mil los casos de adopciones ilegales y la sustracción de menores ocurridos en Chile que se iniciaron lentamente en la década de los 50, pero que fueron especialmente sistemáticos y cuantiosos durante el período de la dictadura (1973-1990) de Pinochet.
Las adopciones tenían como destino Norteamérica, países europeos como Francia, Suecia o Italia, a donde llegaron miles de chilenos adoptados. Varias delegaciones diplomáticas europeas y organizaciones de chilenos adoptados en estos países participaron el viernes en el Congreso.
“Durante décadas nos hemos enfrentado con un problema sistémico que involucra a distintas instituciones, a agentes del Estado, a profesionales de la salud, a un sistema institucional con una legislación laxa” y a servicios públicos que “vulneraron derechos de niños, niñas, adolescentes, madres y sus familias”, señaló Cordero, que calificó estos hechos como una “fractura de nuestra sociedad”.
Médicos, enfermeros, asistentes sociales, jueces, religiosos como monjas, funcionarios del registro civil, abogados y otros agentes del Estado participaban de estos hurtos de niños, contando a la madre que habían fallecido muerto o forzando a mujeres jóvenes, primerizas, pobres y vulnerables a dar su hijo en adopción, a veces bajo coerción y supuestos falsos.
“Es el primer gobierno que promete hacerse cargo, esperamos que se cumpla”, valoró de su lado, emocionada, Marisol Rodríguez, presidenta de Hijos y Madres del Silencio, que ya ha reunificado a más de 300 familias sin ayuda de ninguna institución estatal hasta la fecha.
“Durante más de 50 años, ningún gobierno” ha buscado a estos niños, afirmaba el comunicado de la organización.
Los casos comenzaron a conocerse hace una década y las primeras investigaciones se iniciaron en 2018.
Hasta ahora, hay más de 1.200 causas investigadas por el poder judicial y por la brigada de derechos humanos de la policía de investigaciones; todas en fase inicial de sumario.
Las personas adoptadas tienen un nombre distinto en Chile que en sus países de adopción, lo que dificulta la búsqueda.
En la conferencia se lanzó la campaña Hijos de la Dictadura, en la que se utilizaron técnicas de genética digital e inteligencia artificial para reconstruir cómo lucirían algunos de esos niños secuestrados, que pueden, a día de hoy, aún desconocer los orígenes de su historia.
