Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó emprender una “investigación exhaustiva” a la denuncia de posibles “moches” de trabajadores de Colima con propósitos electorales a favor de la entonces aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum.
Al analizarse uno de los 41 procedimientos administrativos sancionadores del proyecto de fiscalización de la sesión del Consejo General del órgano electoral, el consejero Martín Faz Mora advirtió que “dada la gravedad de las denuncias”, tenía que efectuarse un análisis más profundo.
En un primer análisis, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) declaró que no era procedente sancionar, toda vez que se carecía de algunos elementos como el modo, tiempo y lugar de las retenciones.
Lo anterior, derivado de que en agosto del 2023 un medio de comunicación presentó información sobre la presumible retención, vía nómina, al salario de trabajadores del gobierno de Colima, a cargo de Indira Vizcaíno, datos que a consideración de la Unidad no dan certeza de dichas acciones.
El consejero señaló que con base en tres reportajes y diversas notas prensa, se denuncia el presunto uso indebido de recursos públicos “mediante un esquema de financiamiento paralelo ilegal a través de la retención de los salarios de las personas trabajadoras en el gobierno de Colima, para beneficio de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante en el proceso interno de Morena en el año 2023 y precandidata al cargo de Presidenta de la República postulada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo”.
Estas denuncias, a decir del consejero, se traducen en una diversidad de posibles infracciones “como pueden ser la omisión de rechazar aportaciones e ingresos de personas físicas, militantes y/o simpatizantes mediante descuentos vía nómina de trabajadores, ingresos no reportados, aportaciones de entes prohibidos o desconocidos, o bien aportaciones y recepción de ingresos de militantes y simpatizantes sin los requerimientos señalados en la normatividad electoral”.
Por ello, aseveró que no acompañaría el proyecto original y señaló que faltó exhaustividad por parte del área, pues no se hicieron requerimientos a las personas señaladas en dicho reporte.
“No obstante, no se hace un estudio particular de las mismas, sin que deje de llamar mi atención el hecho de que al menos en aquellas nóminas de las personas que formaron parte de la muestra para ser entrevistadas, se observa, sin aparente explicación, una continua variación de los montos depositados cada quincena”, dijo.
Subrayó que la investigación no fue adecuada para el tipo de hechos que se denunciaban, toda vez que se trataba de descuentos realizados en efectivo, una vez que les era depositada la quincena, mientras que las indagaciones estuvieron enfocadas en transacciones financieras bancarizadas.
“Comprendo perfectamente la complejidad de investigar el efectivo que se extrae del sistema bancario para precisamente no dejar rastro, como sí ocurrió en casos similares relativos a descuentos de nómina. Razón por la cual considero que no es posible encontrar hallazgos relevantes a tan solo unos cuantos meses de iniciada la investigación”, comentó.
Estimó que se debe tener una “sensibilidad al momento de preguntar si sufrieron algún tipo de retención ilegal de su salario o si fueron intimidados para entregar un porcentaje de su sueldo en efectivo”, a fin de no poner en riesgo sus empleos.
“Razón por la cual la Unidad debe explorar las vías jurídicas que se tengan al alcance para para garantizar algún tipo de protección o confidencialidad de los datos de las personas que ofrezcan un testimonio que les pueda parar algún tipo de perjuicio”, apuntó. El consejo general aprobó devolver el asunto para un análisis más detallado.
