Después de que migrantes en Puebla denunciaron que fueron agredidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la comunidad de San Isidro Monterrosas y la cabecera del municipio de Palmar del Bravo, el domingo pasado, y que detuvieron “a más de 100 personas” provenientes de Centro y Sudamérica, organizaciones urgieron a las autoridades federales a que investiguen los hechos.
Expusieron que según testimonios, los agentes del INM hicieron “uso de la violencia, golpeando a personas, incluidos niños, adolescentes, mujeres embarazadas y con enfermedades neurológicas, utilizando bastones de corriente eléctrica ‘taser’, y separando familias enviando a algunas de sus integrantes a otros estados del sur del país”.
De acuerdo con los reportes, los migrantes formaban parte de una caravana que venía procedente de Veracruz.
Ante estas denuncias, la Red Jesuita con Migrantes México, la Casa de Atención a Desamparados, el Programa Universitario en Migraciones de la Universidad Iberoamericana en Puebla, entre otros, demandaron que se respete los derechos humanos de todas las personas migrantes y pidieron que se otorgue a las familias que están en condición de extrema vulnerabilidad, tarjetas de visitante por razones humanitarias.
En un pronunciamiento, exhortaron a que particularmente se preserve la unidad, así como que se garantice la reunificación familiar, sobre todo en aquellos casos en que se trate de niñas, niños o adolescentes que viajan en compañía de sus madres o padres.
También las organizaciones demandaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al tiempo que expresaron su disposición a colaborar con las autoridades.
