Ciudad de México. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta enviada por el Senado mediante la cual se expiden diversas leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con las que se regularán las funciones que antes llevaba a cabo el hoy extinto Inai.
Tras poco más de dos horas y media de discusión, la reforma fue aprobada por 25 votos en favor de Morena y sus aliados, y cinco en contra de PRI, PAN y MC, por lo que fue remitida a la Mesa Directiva para su posterior discusión en el pleno.
Del Inai a “Transparencia para el Pueblo”
De acuerdo con el documento, tras la desaparición del mencionado instituto y los órganos garantes de las 32 entidades federativas, “la tutela del derecho de acceso a la información y la política de transparencia” será trasladada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), en lo que respecta a la administración pública federal.
Para ello, dicha secretaría tendrá un órgano administrativo desconcentrado con el nombre de “Transparencia para el Pueblo”, el cual “tendrá en el ámbito federal las mismas atribuciones que las demás autoridades garantes y adicionalmente conocerá y resolverá los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas”.
Lo anterior, especificó el dictamen, “siempre que la solicitud de información se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos federales”. Además, se le otorga a dicho organismo la atribución para elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país.
La SABG también será la nueva autoridad que proteja los datos personales en poder de los particulares, y los ciudadanos tendrán la posibilidad de iniciar procesos legales en contra de las resoluciones de esta secretaría, incluido el juicio de amparo, el cual “será substanciado por jueces y tribunales especializados en la materia, que determine el Poder Judicial de la Federación”.
Además de la creación de “Transparencia para el Pueblo”, se establece que, como parte del “rediseño de las autoridades garantes” que garantizan el ejercicio del derecho a la información pública, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se harán cargo de las solicitudes ciudadanas relacionadas con los sindicatos, mientras que el Instituto Nacional Electoral lo hará respecto a los partidos políticos.
También tendrán atribuciones en esta materia el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación, los órganos de control de los órganos constitucionales autónomos, y las contralorías del Congreso de la Unión, de acuerdo con el tema de cada solicitud de acceso a la información.
Por otra parte, el dictamen explica que “se sustituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, al cual se le elimina la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia, toda vez que la misma se regula desde la ley”.
Gobierno será “juez y parte”: oposición
Durante el debate en la Comisión de Transparencia, el presidente de dicha instancia legislativa, Ricardo Mejía Berdeja (PT), subrayó que “este nuevo esquema implica la creación de 18 autoridades especializadas, según el ámbito del sujeto obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente y precisa de cada solicitud ciudadana”.
Fue justamente ese factor el que mereció más críticas por parte del panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien consideró que al tener 18 autoridades “con criterios dispares”, se crearán “laberintos burocráticos” para los ciudadanos, con “trámites fragmentados entre diversas instancias y riesgo de interpretaciones contradictorias”.
El legislador, quien consideró que el dictamen fue “hecho en el averno, con manos diabólicas”, también alertó que el nuevo esquema de solicitud de información pública se presta al “secretismo institucionalizado”, pues a su juicio se abre la puerta de que las autoridades clasifiquen los datos requeridos alegando posibles daños a la “seguridad nacional” o la “paz social”.
Además, dijo, con la extinción del Inai se elimina un contrapeso institucional, se le da al gobierno la facultad de ser juez y parte en el análisis de sus propios actos, y el nombramiento del titular del nuevo organismo de transparencia recaerá en la Presidencia, “sin ningún escrutinio legislativo”.
En el mismo sentido, Iraís Reyes de la Torre (MC) resaltó diversos “aspectos técnicos preocupantes” del dictamen, entre otros que la persona solicitante de información pueda recurrir a un amparo si no obtiene los datos que solicitó, ya que dicho recurso implica gastos y es tardado.
Además, alertó, será más fácil que en lo sucesivo se clasifique y reserve la información si las autoridades consideran que revelarla puede causar “daños al interés del Estado” o si “compromete la paz social”.
El Inai implicaba gastos excesivos: Morena y aliados
Por el contrario, Elena Segura (Morena) destacó que la “reingeniería” en el sistema de acceso a la información pública y protección de datos personales tiene como base a un Estado que busca eliminar la corrupción y ejercer los recursos públicos de manera eficiente, al contrario de como ocurría con el Inai.
Para ilustrar su punto, recordó que los comisionados de ese instituto incurrieron en gastos excesivos y no relacionados con su función, además de que se comprobó la existencia de esquemas de nepotismo. En 2023, dijo, 71 por ciento de los más de mil millones de pesos de presupuesto que recibió el Inai fue destinado al pago de su personal.
Al responder a los señalamientos por la posibilidad de que aumenten las declaratorias de reserva de información, Segura resaltó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se reservaron 12 millones de expedientes; con Felipe Calderón, más de 8 millones, y con Vicente Fox, otros 3 millones de solicitudes.
Por su parte, Javier Herrera Borunda (PVEM) acusó a los detractores de la iniciativa de exponer “argumentos falaces”, como dar por hecho que los organismos autónomos funcionaban de manera adecuada, y asegurar que la extinción del INAI implica un daño a la “progresividad” del derecho a la información.
Al igual que los legisladores morenistas, Herrera denunció que, tras décadas de funcionamiento del Inai, “los consejeros abusaron, y no lo estoy diciendo porque lo supongo, lo digo con actas y hechos que están documentados plenamente en la Auditoría Superior de la Federación”.
Entre dichos actos, afirmó, está el uso de tarjetas de crédito corporativas para pagar viajes personales, “restaurantes suntuosos y hasta de table dance”, así como denuncias de presuntos casos de corrupción con funcionarios de la Federación Mexicana de Futbol. A ello se suma, dijo, la generación de una gran estructura burocrática, con un número excesivo de direcciones generales.
