Quito. A punto de cumplirse una semana, casi nada se sabe en Ecuador de la situación de los 170 funcionarios penitenciarios retenidos por presos en siete cárceles que, según las autoridades, están bajo control de grupos criminales a los que el gobierno responsabiliza de la ola de ataques violentos que azota al país desde el lunes.
El organismo responsable del sistema penitenciario solo ha informado de la evolución de la cifra, sin que haya detalles sobre el estado de salud o condición en que se encuentran decenas de guardiacárceles y de personal administrativo.
El primer pronunciamiento del Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) llegó luego de tres días de la retención. El organismo oficial a cargo del sistema penitenciario señaló que eran 139, luego subió a 178 y, tras informar que se han liberado a ocho servidores, la cifra oficial se mantenía en 170.
“Preocupado y con impotencia”, dijo sentirse Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, en declaraciones a The Associated Press. “Han pasado varios días y no sabemos qué está pasando con nuestros compañeros”, lamentó.
Ordóñez se queja de que el SNAI no les entrega información oficial sobre el estado en que se encuentran los retenidos y sobre lo que se supone están haciendo para liberarlos. “No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas”, se pregunta y asegura que si contaran con las herramientas “no hubiésemos dejado pasar tanto tiempo”.
“Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, se queja.
El país cuenta con dos mil 800 agentes de seguridad penitenciaria que vigilan a una población de más de 30 mil presos.
La incertidumbre se acrecienta con la circulación de varios videos en los que se observa a los guardias arrodillados, esposados o incluso amenazados con cuchillos por los reclusos, que los obligan a leer un mensaje exigiendo al gobierno que no se traslade a los presos a otros centros porque atentarían contra sus vidas.
El presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista en radio Canela, enfatizó que su gobierno no cederá ante las presiones de grupos que desde las cárceles intentan presionarlo.
“Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder”, dijo. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes”.
“Es difícil, es duro y me solidarizo con las familias, (pero) estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, recalcó.
Lo ratificó días atrás el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, al asegurar que “el SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes”, pero descartó una negociación por parte de los militares. “Aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder”, puntualizó.
Ante la situación, el gremio de servidores presentó una “acción constitucional de protección” exigiendo que el SNAI, brinde las garantías para proteger la integridad física, sicológica y sexual de los funcionarios retenidos, dijo a la AP el abogado Diego Pozo. También se solicitaron medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó.
“Ellos fueron retenidos en sus propios lugares de trabajo y la máxima autoridad no han dicho nada ni hecho nada”, reclamó el jurista.
Entretanto, el sábado continuaban los patrullajes y operativos de la fuerza pública en la capital y otras ciudades del país declarado en estado de excepción desde el lunes por una serie de ataques violentos sin precedentes.
La policía informó en su cuenta de la red social X, que recapturó a dos reclusos de seis que “se habrían fugado” la noche del viernes de la Penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del país.
La ola violenta escaló con la desaparición del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, de una cárcel de Guayaquil, el domingo pasado. Según las autoridades, Macías lidera a Los Choneros, una de las bandas más peligrosas vinculada al cartel mexicano de Sinaloa que controla el tráfico de drogas en la ruta del Pacífico y a la que se le adjudican todo tipo de delitos.
Amotinamientos, secuestros, coches bomba, incendios y hasta la toma de un canal de televisión, se produjeron en los últimos seis días. El gobierno declaró entonces un “conflicto armado interno” y calificó a una veintena de agrupaciones criminales como “terroristas”, convirtiéndolas en “objetivo militar”.
El último balance oficial del estado de excepción registra 859 personas detenidas, de ellas 94 por “terrorismo”, y cinco delincuentes calificados como “terroristas” abatidos. No se ha detallado si estas muertes son parte de los 14 fallecidos reportados en Guayaquil.
La AP ha solicitado a la policía un balance de la cifra de muertes, pero no ha recibido respuesta.
Además, se registran 20 atentados contra infraestructura pública y privada y el decomiso de 246 armas de fuego, 187 armas blancas, 126 explosivos, más de 4 mil municiones y mil 400 dólares, en la ejecución de unos 7 mil 800 operativos.
